La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha avanzado que planteará al resto de portavoces de la corporación municipal la petición a la Junta de Andalucía de la creación de un BOJA asociado al de negocios obligados a cesar su actividad una vez los municipios superan la tasa de 1.000. La intención es que el gobierno autonómico disponga de un plan de ayudas para estos comercios que tienen que echar el cierre por un periodo indeterminado, en función de la evolución de la pandemia en cada localidad. 

La edil ubriqueña ha realizado estas declaraciones el día después de que dos grupos tuvieran que dar por finalizada la actividad física que estaban realizando de manera individual pero organizada en espacios públicos del pueblo. Isabel Gómez es consciente del nivel de frustración entre estos autónomos que ven frenados en seco sus ingresos económicos, pero recuerda que el Ayuntamiento tan sólo es responsable de velar por el cumplimiento de las medidas que dictan otras administraciones. 

 En lo que a la evolución de la pandemia se refiere, Isabel Gómez se ha mostrado optimista y espera que la tendencia a la baja de la tasa en estos últimos días siga durante la próxima semana. “Tenemos la sensación de que los esfuerzos merecen la pena”, asegura al tiempo que sostiene que el objetivo prioritario es minimizar al máximo posible las consecuencias sanitarias para los ubriqueños y, justo después, poder tener la tasa por debajo de los 1.000. 

Por último, la alcaldesa ubriqueña ha incidido en el “importante” ritmo de vacunación que se está experimentando en la localidad, con vecinos de 60 años que ya están siendo citados para los próximos días. Todo ello en una semana en que la anécdota ha venido de la mano de un audio de una profesional sanitaria que buscaba personas en la franja de edad establecida para un determinado día en que sobraban unas 20 vacunas. Isabel Gómez ha zanjado el asunto asegurando que ni en Ubrique se tiran vacunas, ni existe miedo en la población, ni mucho menos se llevan a cabo procedimientos que se salgan del protocolo dictado por el Gobierno en el plan de vacunación, defendiendo así que la profesional responsable del audio actuó de la mejor de las maneras y con su mejor fe y voluntad. 

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